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Autor: mh

…PERO TENEMOS CARRETERAS (2)

…PERO TENEMOS CARRETERAS
MILHOJAS.IS y PLAN V
Alzas astronómicas en manos militares
Entre los casos emblemáticos de obras con costos que hasta triplican sus valores iniciales constan dos que tienen como antecedente haber sido investigadas dentro del escándalo de presuntas irregularidades de contratos del Estado con empresas en las que Fabricio Correa, hermano del presidente Rafael Correa, era accionista y/o propietario.
La primera es la Rehabilitación y Ampliación de la vía El Empalme-Celica-Alamor, que ha experimentado un alza total del 269,77% respecto a su valor original.
Esta obra tuvo dos fases, cuyos procesos precontractuales están en el portal del Sercop, aunque no constan ahí los contratos suscritos en ninguna de estas fases.
En la primera, la contratista fue Constructora del Sur (COSURCA). En un informe de la Procuraduría se determina que en el contrato, firmado el 18 de febrero del 2009 por $11,54 millones, se incurrió en causal para declarar su terminación unilateral. La razón: la empresa International Energy Overseas Corporation, de propiedad de Fabricio Correa, era accionista de Cosurca, lo que contravenía la ley.
El 26 de junio el presidente Correa dispuso que se busque la fórmula jurídica para anular los contratos del Estado con compañías de su hermano y que fueron denunciados en una investigación de diario Expreso. El mandatario decidió la terminación de los contratos en julio del 2009. 
A partir de ello se inició una segunda fase para esta obra que en los registros del Sercop consta con el nombre de "Ampliación carretera Empalme Celica-Alamor, incluida construcción del puente Laramine y el mantenimiento". El contrato se firmó el 29 julio de 2010, bajo la modalidad de Regimen Especial, con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército (CIE), por $38'785.090.
Este monto implicó ya un aumento de $27,24 millones respecto al valor contratado con Cosurca.


El incremento final fue de $31,13 millones que significa el 269,77%. El diferimiento total de la obra fue de 1 año y 4 meses…..


Pero también el contrato con el CIE tuvo variaciones en valores y plazos. En el reporte del SITOP, a octubre del 2015, consta que subió en $3,89 millones y el plazo, que vencía el 17 de agosto del 2012, se amplió por un año, tras la firma de 2 contratos complementarios. De esta forma, su valor se ubicó en $42’676.412,26.
El incremento final fue de $31,13 millones que significa el 269,77%. El diferimiento total de la obra fue de 1 año y 4 meses. Esta vía tiene 50,6 kilómetros, con lo cual el costo por kilómetro pasó de $228.088 a $766.503,7 y luego a $843.407,35. El 23 de diciembre del 2013 el MTOP anunció que esta obra fue concluida.
El segundo proyecto, también relacionado con las denuncias en contra del hermano del primer mandatario fue la Reconstrucción de la vía Arenillas puente Puyango_Alamor y Accesos, de 80,5 kilómetros. La Procuraduría también determinó que en el contrato con "COSURCA se ha incurrido en una causa para declarar la terminación unilateral, por haberse celebrado contra expresa prohibición de la Ley…".
Este contrato se suscribió el 28 de octubre de 2008, por $29 millones y al igual que el anterior fue terminado en julio del 2009.
Casi dos años más tarde (26 mayo 2011) la cartera de Obras Públicas firmó el contrato para la reconstrucción de esta vía con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército (CIE), por $54'076.996,67 y un plazo de 30 meses.
En el último reporte del SITOP se precisa que el plazo para su terminación se fijó primero para el 30 de noviembre de 2013, pero luego se lo difirió por 10 meses más (al 30 de septiembre del 2014). Y el valor subió a $68'938.818,38. Estas modificaciones obedecieron a la aprobación de 5 órdenes de cambio. Mediante la última orden de cambio el monto del contrato subió en $14,86 millones.
El diferimiento en la entrega de la obra ha sido de 4 años y 4 meses y el aumento total de su valor, de $39,84 millones que equivalen al 137%. Cuando el proyecto pasó a manos del CIE el costo por kilómetro varió de $361.403 a $671.763,9. Y ya durante la ejecución de los trabajos de la entidad militar se valor volvió a subir a $856.382,8.
Esta obra consta en el reporte del SITOP con el 100% de cumplimi ento de los trabajos contratados.

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MILHOJAS.IS y PLAN V
Ruta Collas, otra perla en el precio por kilómetro
Un dato relevante no solo por la importancia que tomó la obra para conectar el Aeropuerto Mariscal Sucre con el norte de Quito, sino también porque se la promocionó como un ejemplo de megaingeniería es el contrato correspondiente a la Ruta Collas, cuya construcción tiene uno de los costos más altos por kilómetro: $16,92 millones.
Su valor total fue de $198 millones por 11,7 kms. Este contrato no apareció en la información extraída del Sercop ni en ninguna base oficial de datos encontrada durante esta investigación.
Imagen: La vía Collas-Tababela, que conduce al aeropuerto Mariscal Sucre, de Quito, desde la Panamerica Norte.
La vía estuvo a cargo de Panavial y la constructora Herdoiza Crespo.
La Unión Europea determinó que el costo por kilómetro de carretera en América Latina cuesta siete veces más que en Europa.
“Cuando llegué al gobierno todo el mundo envidiaba las carreteras de Colombia, Perú y Chile. Hoy Colombia, Perú, Chile, Argentina, Brasil, México envidian las carreteras ecuatorianas pero nosotros no nos vamos a comparar con la región, nos vamos a comparar con los mejores países del mundo…”, enfatizó Correa durante la inauguración del Anillo Vial de Quevedo, mientras anunciaba que seguirá construyendo, pero no cualquier vía, sino supercarreteras y además, con o sin la participación privada.
Pero los costos por kilómetro a los que se ha llegado en la rehabilitación y construcción vial en el Ecuador no son equiparables, por ejemplo, a los promedios de Europa.
El portal de Argentina Infobae.com  publicó que una auditoría del Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) comparó 24 proyectos viales realizados en España, Polonia, Grecia y Alemania entre 2000 y 2013. La conclusión fue que un kilómetro de carretera cuesta, aproximadamente, $116 mil en Alemania, $164 mil en Grecia, $215 mil en España, y $218 mil en Polonia. En el informe de la UE se explica que “los 178 mil dólares que cuesta en promedio el kilómetro de carretera en los cuatro países, bien podrían tomarse como una medida aproximativa de toda Europa.
Infobae realizó un trabajo similar al del TCE europeo y utilizó como parámetro algunas carreteras simples realizadas en los últimos años en cuatro países latinoamericanos para establecer un valor de referencia por costo del kilómetro en la región.
En México se tomó el caso de la carretera Campeche-Mérida de 149 kilómetros con un valor de $2 millones por cada kilómetro. En Perú se concluyó que $900 mil era el valor promedio por kilómetro. El millón de dólares fue el valor referencial para cada kilómetro de carretera en Bolivia y Argentina.
Mientras En Ecuador hay carreteras como la Cahuaji-Pillate-Cotaló-Empate (Ambato-Baños) cuya construcción alcanzó un valor de $1'840.114 por kilómetro, que significó un costo de $48 millones (sin IVA) para sus 26,12 kilómetros. Esta obra estuvo a cargo de Hidalgo & Hidalgo.
Hay algunas obras de rehabilitación y reconstrucción vial que cuestan casi tanto como las de construcción. Por ejemplo, la misma Hidalgo & Hidalgo ejecutó la Reconstrucción de la vía rápida Cuenca Azogues-Biblián; incluido ampliación tramo: El Descanso-Azogues-Biblián, de 43,6 kilómetros de longitud, por un total de $93’058691,58. Eso implicó un costo de $2'134.373 por cada kilómetro.
La constructora Carvallo AZ Cia Ltda hizo la Reconstrucción de la vía Arenillas – La Avanzada por $1'615.238,09, el kilómetro.
La Ampliación, Rectificación y Mejoramiento de la carretera El Rodeo – Rocafuerte, de 15,4 kilómetros, costó $1'720.901, por kilómetro. La constructora Verdú. S.A ejecutó esta obra.

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MILHOJAS.IS y PLAN V
Auditorias internas y Contraloría encuentran presuntas ilegalidades en otros proyectos
Una obra con contratiempos desde su inicio ha sido la “Terminación de la Reconstrucción de la Troncal Amazónica E-45 carretera Puyo-Macas, tramo Puyo-Puente Pastaza, ubicada en las provincias de Pastaza y Morona Santiago.
Si bien su primer contrato se firmó el 14 de enero del 2003 (en el último día de gobierno de Gustavo Noboa), su segunda etapa administrada por el actual régimen, no estuvo exenta de incidentes.
La constructora guayaquileña Troexa S.A. fue la contratista inicial. Debía ejecutar el proyecto a un plazo de 2 años y un valor de $9'520.673,58.
Ya bajo el gobierno de Correa ese plazo fue extendido hasta el 31 de diciembre del 2010, es decir por 6 años más, de acuerdo con una base de datos elaborada por el BID, sobre ‘Proyectos viales en ejecución a marzo 2011’. En esta misma base de datos se registra como monto final de la obra $26'761.514,86. Un elemento que llama la atención en este proyecto es que en el listado del BID consta una extensión de vía de 65,40 kilómetros y en las publicaciones del MTOP se registran 61,91 kilómetros y 67,31 kilómetros.
El 29 de mayo de 2012 la cartera de Obras Públicas declaró la terminación unilateral y anticipada de este contrato.
A partir de ello, el proyecto entró en una nueva fase. Mediante un comunicado del 20 de agosto del 2012, el MTOP anunció el inicio de otro proceso contractual para la reconstrucción de 62 kilómetros de esta vía, especificando que en 10 de ellos se deberá colocar la segunda capa asfáltica. También se incluía la señalización vertical y horizontal y la complementación de los trabajos de drenaje.


Pero en un informe de auditoría interna del MTOP, elaborado en el 2013, se identificaron presuntos incumplimientos de ley…..


Según consta en el contrato, firmado el 27 de agosto del 2012, el monto fue de $6'696.867, con un plazo de 4 meses, a partir de la entrega del anticipo (que debió concluir en enero del 2013). La nueva contratista fue la constructora Confacing.
Pero en un informe de auditoría interna del MTOP, elaborado en el 2013, se identificaron presuntos incumplimientos de ley. Se estableció que “en el Acta de Recepción Única de Liquidación del contrato con Troexa, S.A. consta un saldo final de $2’719.214,22, no ejecutado por esta empresa”. Mientras que el valor del contrato con Confacing (por $6'696.867) fue “un monto mayor al saldo que le faltó ejecutar a Troexa”. Y agregó que “el Director Provincial de Pastaza del período de gestión 8 de diciembre de 2011 al 31 de marzo de 2013, suscribió el contrato, sin contar con estudios actualizados que contemplen las soluciones a las fallas geológicas que se presentaron en el contrato con Troexa, a fin de que Confacing las aplique durante el proceso constructivo”. Esto contradice lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley de Contratación Pública, según la auditoría.
En el informe se observó además, que “el 21 de agosto de 2012, seis días antes de la firma del contrato de construcción (con Confacing), se suscribió un contrato para realizar los “Estudios de Estabilización de taludes en la Puyo Puente Pastaza de la Troncal Amazónica”, sin que el mismo se lo haya aplicado en el proceso constructivo de la carretera… obligando a que la contratista ejecute soluciones paliativas en sitios críticos que fueron identificados en el contrato anterior, por no contar con las soluciones técnicas respectivas”.
El informe determinó que “la falta de estudios actualizados…ha ocasionado que los trabajos de reconstrucción ejecutados por la contratista, no se concluyan totalmente conforme establecía el objeto del contrato y que los niveles de serviciabilidad de la vía no sean los más adecuados. Se incumplió el artículo 77 número 2 letra a) de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado”, (LOCGE).
Esta obra ya está concluida y se encuentra en curso en la Contraloría un examen especial de ingeniería (EEI) a los procesos precontractual, contractual y de ejecución del contrato.
A la Construcción de la Vía E-25, tramo 2 “Y” del Cambio, “Y” de Corralitos y del tramo “Y” de Corralitos – Santa Rosa, se hizo un examen especial de ingeniería, ordenado por el director de Auditoría Interna del MTOP (período analizado está entre el 1 de junio de 2010 y el 31 de diciembre de 2012), en el que se cuestionó que el fiscalizador de la Dirección Provincial de El Oro, “dispuso… ajustes en cantidades de obra y precios de los rubros que están sobre-estimadas y subestimadas, sin contar con un estudio técnico que lo respalde, cambio que tampoco fue legalizado mediante la suscripción de un contrato complementario, inobservando las normas sobre este tema, lo que ocasionó que no se cumpla el objeto del contrato en el plazo inicial debido a que fue necesario incrementar rubros y cantidades de obra que demandan recursos adicionales, se dejó de construir otras que si estuvieron consideradas en un inicio, y adicionalmente fue necesario incrementar el plazo contractual. También se incumplió el artículo 77 numeral 2, literal a) de la LOCGE.
Además, a marzo del 2013 se evidenció que este contrato, firmado con la Empresa Pública Vial del Gobierno Provincial de El Oro (EMVIAL EP) el 4 de abril del 2011, no contaba con Licencia Ambiental. Por la falta de seguimiento en los trámites para la obtención de dicha licencia, se incumplió el artículo 395, numeral 2 de la Constitución; el artículo 77 numeral 2 literal a) de la Ley de la Contraloría; el artículo 20 La Ley de Gestión Ambiental; el numeral 6 de la Cláusula Décimo Quinta del contrato de construcción; y el artículo 83 del Plan de Manejo y Auditoría Ambiental del Ministerio del ramo.
En el reporte del SITOP se informa que el valor inicial de esta obra fue de $41.386.909,89 y su plazo terminaba el 17 de octubre del 2013. Pero el monto subió a $50.885.176,55 y el plazo también se movió al 15 de noviembre del 2014. Este último plazo tampoco se cumplió, pues en el mismo reporte se indica que "los trabajos se terminaron el 28 de febrero del 2015. El diferimiento final fue de 16 meses. Las variaciones de plazo y monto se dieron tras la firma de un contrato complementario y una orden de cambio.
Durante los trabajos de Ampliación (de 2 a 4 carriles) de la vía Pifo – Papallacta que incluye la construcción del puente Tambo, su valor subió en $25'734021,71, es decir en 108%. Su longitud es de 36,34 kilómetros, con lo cual el costo por kilómetro pasó de $654.479 a $1'362.625. El diferimiento en la entrega de la obra fue de 2 años y 6 meses respecto al plazo original.
 
Imagen: un tuit de la cuenta del MTOP donde se dice que la ampliación de la vía cuesta 40 millones de dólares.
Los trabajos empezaron en julio de 2012 a cargo de China Road and Bridge Corporation. En el reporte del Sitop, a enero de 2016, consta como una obra en ejecución. El monto inicial del contrato, firmado el 25 abril 2012, fue de por $23.783.767,97, con un plazo que concluía en mayo del 2013. Pero el monto subió a $49'517789,68, modificando el plazo también hasta el 30 de noviembre del 2015.
La firma de dos contratos complementarios y ocho órdenes de cambio sustentaron los diferimientos y el incremento del valor original en $25,73millones.
 
Lo que permite la ley
 
El ex contralor Marcelo Merlo explica que los contratos viales, por lo general se rigen por el sistema de precios unitarios, previsto en la Ley de Contratación Pública, lo cual implica que su valor puede variar por la aplicación de dos parámetros:  por los efectos de reajustes de precios (inflación) y por el uso de contratos complementarios, órdenes de cambio y aumento de cantidades de obra. Estas últimas tres figuras permiten aumentos hasta en un 70% sobre el valor ajustado a la inflación.
Merlo detalla que para el reajuste de precios se aplica una fórmula con los valores de los rubros (ítems) involucrados en la ejecución de una obra y cada rubro tiene un peso o ponderación específicos. Funciona igual que el índice de Precios al Consumidor. Si sube el costo de la mano de obra, de los materiales, de los combustibles, etc, su peso se reajusta proporcionalmente en el valor total de la obra.
En cuanto al segundo parámetro, la ley prevé que si es necesario ampliar, modificar o complementar una obra por causas imprevistas o técnicas debidamente motivadas, el Estado puede celebrar con el mismo contratista un contrato complementario siempre que mantenga los mismos rubros (ítems) del contrato, explica el experto.
La suma total de los contratos complementarios no puede exceder del 35% del valor del contrato ajustado a la inflación.
Si durante los trabajos se incrementan los volúmenes de material movilizados, se puede aumentar el valor del contrato hasta en un 25% del último monto reajustado del contrato.
Luego vienen las órdenes de cambio mediante las cuales la entidad contratante puede disponer un alza del monto de hasta un 10% del valor reajustado. Las órdenes de cambio se aplican para incorporar rubros (o ítems) nuevos en la obra.

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…PERO TENEMOS CARRETERAS


Imagen: Una vista aérea de la ruta Collas-Tababela, cuyo costo por kilómetro -16 millones/km- pasa a ser la más cara de América Latina, sino del mundo.
…PERO TENEMOS CARRETERAS
MILHOJAS.IS y PLAN V
“En estos 9 años hemos invertido en vialidad más de $8.440 millones, seis veces más que los tres gobiernos anteriores juntos”.
Esta prédica sobre los ingentes recursos destinados para carreteras que el presidente Rafael Correa y sus ministros de Obras Públicas repiten en varias ceremonias inaugurales de obras, fue destacada nuevamente el pasado 5 de enero (con  cifra actualizada), por el primer mandatario durante la inauguración del Anillo Vial de Quevedo – Tramo II.
Aunque el presidente aceptó que la construcción de esta vía de 26 kilómetros demoró más de 4 años, ponderó sus beneficios directos para 200 mil personas, asegurando que modificará hasta el concepto del “buen vivir” en Quevedo.
No obstante, las demoras no fueron las únicas modificaciones en esta obra, que tuvo un plazo original de 1 año y 8 meses a partir del 26 de octubre del 2011, fecha en que se concretó la entrega del anticipo. Su valor inicial de $123,52 millones, financiados con bonos del Estado ($98,82 millones) y con el presupuesto general del Estado ($24,71 millones) subió a $155,74 millones (sin IVA), lo que significó que el costo por kilómetro se incremente de $4,81 millones a $6,06 millones, es decir en un 26%, aumento que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) autorizó, amparado en la aprobación de un contrato complementario y 4 órdenes de cambio. Su costo final fue de más de $180 millones, según Correa.
Documento: El listado completo de los 48 contratos base investigados por MilHojas.is y Plan V.
Pero las variaciones observadas en este proceso contractual no configuran una práctica aislada. Buena parte de los proyectos viales han registrado postergaciones e incrementos en sus valores originales. Esto, a pesar de que Correa emitiera el decreto 451, (publicado en el Registro Oficial el 18 de agosto del 2010) con el fin de evitar los retrasos, al establecer que en toda obra pública vial debe haber tres turnos diarios, siete días a la semana, y al menos dos frentes de trabajo. También se determinó que solo por motivos de fuerza mayor debidamente justificados, por incremento de obras decididas por la entidad contratante y “no imputables a falencias en los estudios, se podrán ampliar montos y plazos de contrato u órdenes de cambio”.
Se investigó una muestra de 48 obras ejecutadas por el MTOP, tomando valores de $10 millones en adelante. Los 48 procesos contractuales analizados fueron suscritos entre 2008 y 2015 y suman $1.843,67 millones (sin IVA). De esta muestra, se constató que el 93% ha tenido incrementos en sus valores originales que van del 6% al 270%. Mientras que los mayores diferimientos de los contratos llegan hasta los 4 años a partir de su fecha de entrega original. Las principales causas de los problemas, cuestionados incluso por las mismas autoridades del régimen, han sido las fallas en los cálculos de los rubros (o cantidades de materiales y distancias) o el aumento de rubros que no estaban previstos; la falta de estudios técnicos; la influencia de la temporada invernal y las dificultades en la geografía de las diferentes zonas de construcción o rehabilitación de las vías.
El MTOP ha autorizado esas variaciones mediante figuras como los contratos complementarios,  las órdenes de cambio y un mecanismo denominado costo más porcentaje.
La búsqueda de datos sobre los 48 procesos contractuales partió del sistema de contratación del Estado, que es el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP), portal que funciona como un verdadero laberinto para encontrar información, pues solo durante 2 semanas se pudieron descargar los contratos, ingresando el nombre de la obra y el año de ejecución. Luego el sistema requirió el código de cada proceso contractual. Y poco tiempo después el sistema requirió especificar el tipo de contratación utilizada en el proceso, es decir: licitación, contratación directa, publicación especial, subasta, lista corta, etc…
Y por si esto fuera poco, en este portal no se encontraron los contratos de todas las obras seleccionadas en la muestra, por lo que se recurrió a informes de rendición de cuentas de las direcciones provinciales del MTOP, estudios de auditoría interna de esta misma cartera de Estado, informes de la Procuraduría General del Estado y de la Contraloría, así como los reportes del Sistema Integrado del Ministerio de Obras Públicas (SITOP). Se complementó la información con las publicaciones de los medios de comunicación, sobre todo del Gobierno.
Hemos tomado como ejemplos 4 carreteras que refleja este modus operandi.

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Nívea Vélez: ‘En el IESS, donde poníamos el dedo salía pus’

Imagen: Nívea Vélez, viceprefecta de Loja, en 2010 hizo graves denuncias sobre el manejo del IESS.
“El IESS va a quebrar”. Esta advertencia la hizo en 2009 Nívea Vélez. Han pasado los años y se mantiene en su premisa ahora que es viceprefecta de Loja, líder del Movimiento de Municipalistas Independientes y exasambleísta por su provincia entre 2009 y 2013. En diálogo con Mil Hojas, Vélez asegura que, más pronto de lo que imaginó, la crisis del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) ha tocado fondo.
¿Las causas? “Podría contarle días enteros de las inmoralidades que se daban en la administración de Ramiro González”, sostiene. Habla con claridad, habla sobre el presidente del Directorio del IESS, que llegó a ese puesto como delegado del presidente, Rafael Correa, y que ahora se ha subido impunemente en el tren de la oposición en la autodenominada Unidad. Vélez, mujer más bien tranquila y de reacciones equilibradas, no puede ocultar su indignación cuando se le pregunta qué ha pasado con las denuncias de presuntos actos de corrupción en el manejo del IESS, que viene realizando desde hace seis años. Levanta el tono de voz para asegurar que González convirtió al Instituto en la plataforma para crear Avanza, su movimiento político. Según ella, lo hizo a vista y paciencia del presidente Rafael Correa, a quien contentó todo el tiempo comprando, con los fondos de los afiliados y jubilados, cuanto bono emitía el Ministerio de Finanzas.
Documento: la denuncia de Nívea Vélez, sobre las irregularidades en el IESS,  al contralor Carlos Pólit y al  fiscal general, Washington Pesántez.
En esta entrevista, Nívea Vélez hace un recuento de anomalías como la adquisición del call center en 8 millones de dólares y la adjudicación de ese contrato a una empresa de correo (courier) sin experiencia ni oficina, el escándalo de los medicamentos caducados, el de sobreprecios en camas y en equipos médicos. Uno de los aspectos que más le preocupan es la reducción de la deuda del Estado con el IESS, que pasó de más de 13 billones de sucres a 800 millones de dólares.   Para colmo, los organismos de control mantienen silencio pues no hay resultados, o al menos no los han dado a conocer,  sobre las denuncias acompañadas de voluminosa información de respaldo  que la legisladora, como presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social, remitió al contralor Carlos Pólit y al fiscal general Washington Pesántez, dos alfiles del correísmo que ahroa se rasgan las vestiduras.
Ante la inacción de estas autoridades, la política lojana apunta a exigir que la agenda de los candidatos a las elecciones de 2017 incluya la fiscalización a la administración del IESS desde la presidencia de Ramiro González.
En julio de 2010 usted entregó al contralor los resultados de una auditoría efectuada a la administración del IESS al mando de Ramiro González, expresidente del Consejo Directivo, y alertó sobre presuntos actos de corrupción que afectan la solvencia  del Instituto y la sostenibilidad de los servicios a los afiliados. ¿Qué ha pasado desde entonces?
Antes de responder, me gustaría indicar cómo me involucré en este tema. Cuando asumí la Presidencia de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social empecé a tomar contacto con organizaciones de jubilados y de servidores públicos. También conocí de primera mano la mala calidad de los servicios de salud, las violaciones de los derechos de los médicos, que estaban 3 o 4 años haciendo internados y no tenían afiliación. Así empecé a darme cuenta de cómo se venía manejando el seguro social porque las quejas eran permanentes  en la Comisión. Entonces empezamos a pedir información, en principio con una cordial comunicación con el presidente del Consejo Directivo del IESS en aquel entonces, Ramiro González. Pero, él pensó que era una relación de amigos y que podríamos llegar a “acuerdos” también entre amigos, llevar la fiesta en paz y tapar todo lo que se estaba dando.
¿Qué le propuso?
Una vez que lo visité con María Augusta Calle (asambleísta del movimiento oficialista Alianza País)  por uno de los temas que más me ha preocupado: el de las madres comunitarias. En ese tiempo, en la Asamblea se discutía la Ley de Educación. Nosotros intentábamos que se reconozcan sus derechos porque prestan sus servicios 5, 10, 15 años en los centros de desarrollo infantil y no tenían afiliación al Seguro Social. De manera reiterada, Ramiro González insistía en la buena relación que debíamos tener para manejar estos temas y los administrativos. En una segunda ocasión lo visité porque había problemas con el manejo del ingenio y queríamos conocer lo que estaba pasando. Cuando empezamos a pedir información  no le gustó pero, como los asambleístas tenemos  la potestad de fiscalizar, nos entregaron la información y eso nos sirvió para encontrar una serie de barbaridades.
¿Qué barbaridades?
Voy a citar las que me acuerdo más rápidamente, desde las de poca monta hasta las de gran monta. Recuerdo, por ejemplo, que la presentación al señor presidente de la República de unas ambulancias en la avenida de Los Shyris costó sobre los 100 mil dólares. Para la inauguración de un ascensor que costó 35 mil dólares gastaron alrededor de 37 mil dólares. Esto para citar hechos pequeñitos.
¿Y los grandes?
Al presidente del Consejo (Ramiro González) se le ocurrió que cada afiliado debía tener una tarjeta similar a las de retiro y débito que dan en los bancos.  En menos de ocho días este proceso tuvo los vistos buenos de todos los departamentos.
¿Cuál era el costo del proyecto?
Me paree que pasaba de los 10 millones de dólares implementar ese sistema de tarjetas. Lo sorprendente es que unos vistos buenos le daban en la mañana y otros en la tarde. Fue el proceso más veloz.
¿Pero eso no prosperó, qué pasó?
Logramos pararlo porque denunciamos esa barbaridad.
¿Qué más recuerda?
Otro hecho terrible fue el de los viajes que el  presidente del Consejo Directivo del IESS (Ramiro González) y sus allegados  realizaban al exterior para “promover” la seguridad social. Si usted revisa los datos de afiliados fuera del país, no justifica ni un viaje Quito – Loja.


En el fondo lo que estaban haciendo es formar su movimiento político en el exterior. Luego González puso a Argudo de coordinador y asesor general del BIESS. Así se tomaron el Seguro Social y, para que el presidente Correa no lo moleste por este mal manejo le daba justo en todo….


¿Cuánto gastaron en esos viajes?
No recuerdo el valor, tendría que revisar, pero viajaba el señor presidente del Consejo con la directiva, con sus aliados, con la señora María Sol Larrea, directora del  Hospital Andrade Marín; con el señor John Argudo,  director de Avanza. En el fondo lo que estaban haciendo es formar su movimiento político en el exterior. Luego González puso a Argudo de coordinador y asesor general del BIESS.  Así se tomaron el Seguro Social y, para que el presidente Correa no lo moleste por este mal manejo  le daba gusto en todo.
¿En qué le daba gusto?
En la permanente compra de bonos del Estado, que es una de las causas de la grave situación que atraviesa el IESS. Eso es parte de la denuncia que hice a la Fiscalía y a la Contraloría.
En todos los gobiernos el IESS ha comprado bonos del Estado. ¿Cuál es la ilegalidad?
Mire, en los resultados de la auditoría que hicimos consta que, pese a que había informes de la Comisión de Inversiones del IESS, que decían que no se puede comprar bonos porque el país tiene un alto riesgo, lo hacían cuando querían. Además compraban los bonos a 10 y 15 años con una rentabilidad de 3.5% mientras en ese mismo tiempo, a plazos de 5 y 7 años se endeudaban con los chinos al 7% de interés. Es una barbaridad lo que han hecho con el Seguro Social.
En lo que respecta a la deuda del Estado con el IESS ¿Qué irregularidades detectaron con la auditoría?
La otra parte de mi denuncia fue sobre este tema. El presidente Correa dispuso que se haga un licuado de la deuda en el 2008. Por eso la deuda se pulverizó, porque la convirtieron a un dólar de 25 mil.  Ese es el desagio que llaman. Luego hicieron un convenio de pago en el que nunca quisieron incluir la deuda de atención en salud.
¿A cuánto asciende la deuda en salud?
Con ese desagio, esta deuda quedó en algo más de $400 millones. En 2008 se firmó un convenio de pago y se comprometieron a realizar de manera inmediata los estudios actuariales, pero nunca cumplieron y, si lo hicieron, fue a escondidas porque sabían que estaban haciendo otra barbaridad.  González permitía todo esto para no disgustar al presidente Correa y porque quería vía libre para hacer lo suyo.
¿A qué se refiere?
A que compraba todos los bonos que el Ejecutivo quería y Correa no se metía en nada, así González creó su movimiento Avanza, aprovechándose del Seguro.
¿Qué otra barbaridad recuerda?
La inversión del IESS en el campo petrolero Pañacocha  es el caso más emblemático.  El IESS puso la mayor parte del capital  que asciende a 165 millones de dólares. Las compañías petroleras no ponen sino la maquinaria y los técnicos.
¿No es una buena inversión?
El problema es que empiezan la negociación con una rentabilidad del 10%, pero solo para camuflar el préstamo. En verdad es un crédito y para camuflarlo crearon un fideicomiso que recibe el 50% de las utilidades. Este proyecto era 120% rentable, pero resulta que luego las ganancias bajan al 10% y cuando suscriben el convenio al 5%. Todavía nadie nos responde ni explica qué pasó con ese 5%. Esos son los tres puntos básicos que denuncié. Lastimosamente no avanzamos a denunciar todas las barbaridades que encontramos: donde poníamos el dedo había pus.
¿Qué casos no llegaron a denunciar?
Recuerde usted el contrato del call center que el IESS dio a un courier. Fue la cosa más vergonzosa porque no tenía ni oficinas, peor experiencia y le dieron el contrato. El señor Ramiro González se llevó en peso el Seguro Social y es el culpable de todo lo que está pasando. Mire usted, en 2011 y 2012, ya desesperados los miembros del Consejo de Participación Ciudadana con un informe sobre 16 casos de corrupción detectados en una investigación realizada por una veeduría en Guayaquil, empezaron a solicitar que González se presente e  informe sobre las denuncias, pero él se burló de todas las funciones del Estado.
¿De qué manera se burló?
A Andrés Páez y a mí nos llegó de manera anónima una carta con todas las preguntas que la señora Marcela Miranda, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana (CPC) hizo a González. Por ejemplo, le  preguntó sobre el escándalo de los medicamentos caducados, sobre los sobreprecios en las camas, los sobreprecios en los aparatos de medicina nuclear. Fueron 16  puntos sobre denuncias de corrupción. Yo me trasladé a Guayaquil para reunirme con los miembros de la veeduría y, créamelo, fue impresionante ver los documentos alterados que  nos mostraron. Se le permitió todo a González porque a cambio compraba todos los bonos que el Gobierno sacaba. Fíjese lo que se hizo con el ingenio al dejar que empiece a producir con pérdidas para venderlo a precio de  gallina muerta.  Lo mismo querían hacer con el Hotel Quito, más les costaba mantenerlo que lo que producía. Hubo un manejo perverso del IESS asociado al compromiso político con el partido de Gobierno. Por eso me sorprendió cuando González dice que se va porque Correa le quita el 40% de aporte al IESS.
¿Pudo alguna vez explicarle al presidente Correa sobre las presuntas irregularidades que se estaban cometiendo en el IESS?
Una vez,  el presidente Correa convocó  a los alcaldes y prefectos  una reunión para tratar la Ley de Servicio Público y el Cotad.  Asistimos Virgilio Hernández (asambleísta de AP y presidente de la Comisión de Descentralización) y yo por ser presidenta de la Comisión de Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social a Virgilio. El señor presidente no pudo disimular su molestia al verme ahí, pero tuvo que soportarme porque los alcaldes querían información sobre la Ley de Servicio Público, que se debatía entonces.  Cuando terminó la exposición mía, yo consideré oportuno retirarme y el señor presidente Correa me llamó la atención y me dijo: ‘Nidia, no nos sigas cuestionando por el tema del IESS’.  Yo le dije que me parecía el colmo todas las irregularidades que estaban dándose. Correa dijo que si tenía las pruebas me iba a llamar para que le muestre todo lo que había denunciado. Todavía no me ha llamado. Otra cosa, sobre el famoso tema de la clínica del primo de Ramiro González en Loja, al señor Correa debería darle vergüenza acusarle a González recién ahora porque yo hice la denuncia escrita y en Teleamazonas.  Para desviar la atención, el presidente agradó el asunto de si había desayunado o no en un mercado de Loja, cuando yo dije que le habían llevado el desayuno de un hotel.  Para eso me respondió  haciéndome una cadena  y nada dijo cuándo denuncié que el señor González contrataba la clínica de su primo. Por eso a mí me sorprende que ahora los compadres se peleen y suelten  verdades a medias. Yo creo que la pelea quedó ahí porque de lado y lado se conocen las costuras. Podría contarle días enteros de las inmoralidades que se daban en la administración de Ramiro González.


Es la más grande y descarada metida de mano porque el señor González abrió la puerta cuando permitió comprar bonos sin financiamiento, cuando permitió que no se pague la deuda, cuando encubrió que no se hagan los estudios actuariales…


¿Por todo eso usted afirma que el IESS está quebrado?
Sin duda. Es la más grande y descarada metida de mano porque el señor González abrió la puerta cuando permitió comprar bonos sin financiamiento,  cuando permitió que no se pague la deuda, cuando encubrió que no se hagan los estudios actuariales. Con María Augusta Calle lo visitamos dos veces porque estábamos preocupadas por esta situación y la crisis se agudizó antes de lo que imaginamos.
¿Qué han hecho los organismos de control? ¿hay algún resultado luego de seis años de haber puesto en su conocimiento las presuntas irregularidades detectadas por ustedes y la Veeduría de Guayaquil?
No sabemos nada de la investigación que se le pidió al contralor (Carlos Pólit). ¿Qué pasó con  la denuncia que presenté en la Fiscalía?. Incluso me llamaron a reconocer la firma y fui con mi abogado. Sentí un alivio porque dije que eso era un adelanto, pero de ahí no pasó. Es inconcebible que alguien que ha causado tanto daño al IESS siga campante. Esta crisis es su responsabilidad porque permitió que el Gobierno no pague  la deuda al IESS, pese a ello siguieron comprando bonos sin ninguna rentabilidad. Ahora no hay ni ninguna posibilidad de que sean vendidos. El Seguro ha cogido un montón de papeles desde el año 2008, de la manera más vergonzosa y sin ningún respaldo.  Pero de eso nada dice el presidente de la República, nada dice respecto a la inacción de la Fiscalía y la Contraloría, eso no topa el señor Correa. Ahora hace bulla porque González  ha contratado la clínica del primo, como que recién se enterara.
El argumento de Correa y González, para justificar la compra de bonos,  ha sido que antes el dinero del IESS estaba alimentando a la banca internacional y ganando el 1% de interés y ahora está bien invertido.
Eso dicen, pero no es verdad. Así fuera ganando el 1% la plata estaba ahí, ahora simplemente no la tenemos. Era muy fácil prever que esta enorme y abusiva compra de bonos nos llevaría a esta debacle.  El asunto es simple: mientras el uno se daba gusto formando el movimiento Avanza y haciendo negocios, le mantuvo al Gobierno  la puerta abierta para que se lleve la plata de los afiliados al Seguro Social.
PREGUNTA: ¿Qué piensa hacer?, ¿presionará a los organismos de control para que cumplan su deber de investigar y sancionar a los responsables?
Mientras dure este gobierno no lo harán. Más bien creo que la agenda del nuevo aspirante o del nuevo presidente del Ecuador  tiene que incluir la fiscalización al IESS. Eso será decisivo para votar por uno u otro. Es importante que se establezcan responsables. Es insólito  ver cómo el señor Ramiro González, ahora que ve que este Gobierno no da más, quiera políticamente adosarse a otro lado para que lo protejan, para que no se le investigue.
¿Usted quiere decir que la pelea entre Correa y González no es real?
No se van a topar más. Estoy segura de que si otra persona le hubiera dicho al presidente de la República  lo que González le dijo, habría ido a la cárcel. Ahí cada quien se habrá dicho: ‘A ver, si me topas pasa esto’.  
¿Cree usted que la ciudadanía, en especial los afiliados, no dimensionan la real magnitud de la crisis del IESS? ¿Qué recomienda?
Varias cosas. Lo primero es que los afiliados no dejemos que esta pelea sea solo de los jubilados. Toca hacer causa común. Yo comparo y digo que cuando uno tiene 1000 dólares de ahorros en el banco y éste se cierra, protestamos y exigimos que nos devuelvan la plata. En el IESS está nuestro patrimonio, nuestro ahorrado de toda la vida. Debemos entender que el seguro es nuestro y meternos muy fuerte para que  la agenda de nuestro próximo gobernante tenga como punto principal el tema de fiscalizar al Seguro Social. Debemos exigir  una auditoría sería para que paguen los culpables. Claro que para que eso se cumpla hay que buscar la unidad de la mayoría de partidos. Ese es el gran reto.

¿Qué puntos clave debe incluir esa fiscalización que se exigirá que conste en la agenda de los presidenciables y del nuevo gobernante?
Lo primero es que se revea la eliminación del 40% y exigir que se transparente la deuda de atención en salud. Hay confusión porque no hay recibos, facturas. Me pasé los 4 años que fui asambleísta  exigiendo eso y no tuve respuesta.
¿Usted  tiene un estimado de esa deuda?
Es una cuestión bastante escondida. Tuvimos información de la firma de este convenio del 2008 sobre los 480 millones de dólares. Imagínese usted que luego se abrieron los convenios con clínicas y, sin embrago,  no se ha transparentado la deuda, no se ha hecho un estudio actuarial serio. Otro punto a investigar es la compra de bonos a un país en situación de riesgo, pese  a un informe de la Comisión de Inversiones del IESS, en el que la señora Enma García decía por Dios no compren bonos porque el país tiene un alto riesgo.
¿La salida de Ramiro González del IESS y el nombramiento de Richard Espinoza es positiva para una efectiva fiscalización?
De ninguna manera. Cuando nombraron al señor Espinoza yo puse en mi Twitter que es el hombre perfecto para acabar con el Seguro social. No se olvide que Espinoza es el ejecutor del Decreto 813. Es el perfil correcto para lo que el presidente Correa quería con el Seguro Social.
¿Qué pasará con los afiliados y jubilados?
Ya está pasando, la crisis llegó más rápido de lo que pensamos. La situación se irá agravando porque el presiente Correa sigue echando mano del IESS. Pese a la crisis, en diciembre del año pasado el IESS volvió a comprar 81 millones de dólares en bonos  del Estado. Es decir que lo están exprimiendo hasta la última gotita. Yo advertí que iban a bajar la pensión de los jubilados, dijeron que no es cierto. Revise las cifras y se dará cuenta de  su incremento fue el equivalente a la inflación. Eso les perjudicó.
¿De cuánto debió ser el incremento?
Recordemos que en el año 2010 aprobamos la ley que estableció  incrementos  del 4% al 16%. Gracias a eso muchos  beneficiarios de montepío que recibían pensiones de 90 dólares pasaron a recibir 160 dólares mensuales. El ex legislador  Proaño Maya destacó que ese fue el incremento más importante en la vida de los jubilados. Lamentablemente este Gobierno ha empezado a restringir  esos beneficios. También hay problemas en la atención médica y están disminuyendo los créditos del BIESS. Han quebrado la seguridad social.
¿Qué otras consecuencias advierte?
Mire, mucha gente no entiende lo grave que es no haber hecho un estudio actuarial serio. Solo han tomado medidas demagógicas, el Seguro Social no ha sido manejado técnicamente. Acuérdese lo que pasó cuando el señor Correa lanzó el tema de la afiliación de las amas de casa. Eso es una tomadura de pelo  y a muchas  amas de casa todavía les sacan en las sabatinas dando gracias al Gobierno.
¿Por qué es una tomadura de pelo?
Ese proyecto tenía otra connotación. Cuando lo analizamos sugerimos que a estas señoras se les de todas las prestaciones, pero pudo más la demagogia y ataron la afiliación al marido. Luego direccionaron la afiliación a las beneficiarias del bono de desarrollo humano, que es un subsidio intermitente. Eso no les garantiza la atención en salud, por ejemplo. Es  una barbaridad lo que se ha hecho.
¿Qué opina respecto al reciente anuncio de Richard Espinoza de auditar el costo de las derivaciones a las clínicas privadas, porque han detectado irregularidades y le  cuestan al IESS más de 800 millones al año?
Lo que pasa es que este tema se les fue de las manos. No era una propuesta mala, pero fue mal manejada. Paralelamente el IESS debía fortalecer los hospitales, pero se limitaron a cambiar el asiento viejo por un nuevo, el televisor chico por un plasma, porque eso les deja un porcentaje e impacta en la visión de la gente. Pero en cuanto a medicina no hay nada, les siguen dando la misma paracetamol a todos les duela lo que les duela.


Pidamos información sobre cuantos convenios con las clínicas tenía la señora María Sol Larrea, que era administradora del IESS. Investiguen eso y van a ver cuánto dinero les pagaban a ella, al señor Ramiro González y a sus amigos…


¿Por qué afirma que lo de las clínicas privadas se les fue de las manos?
Porque también lo manejaron discrecionalmente. Pidamos información sobre cuantos convenios con las clínicas tenía la señora María Sol Larrea, que era administradora del IESS. Investiguen eso y van a ver cuánto dinero pagaban a ella, al señor Ramiro González  y a sus amigos. Incluso a este señor le escuché decir una vez que tienen el orgullo de haber  revivido al Hospital de los Valles. Yo pregunto: ¿Ese es un objetivo del Seguro Social? Así lo dijo en Radio América,  mientras los hospitales del IESS están en agonía. Todo esto hay que investigar. Por  eso necesitamos que en la agenda de los candidatos este sea un punto importante y que no se hagan los disimulados para recibir el apoyo de Avanza, el movimiento que González creó aprovechando su condición de presidente del Consejo Directivo del IESS.
Además de exigir que la fiscalización a la administración del IESS desde la época de Ramiro González sea un punto clave en la agenda de los candidatos a las elecciones de 2017, ¿tiene otro plan para evitar que sus denuncias sigan guardando polvo en los archivos de los organismos de control?
Desgraciadamente no tenemos Asamblea Nacional. Por un lado los asambleístas de Gobierno tapan todo y, por otro, muy poquitos de oposición han querido topar estos temas. Yo seguiré trabajando, diciéndole a la gente que tome conciencia, hablando en los medios nacionales, en los medios locales, contando todas estas  barbaridades que han hecho con el dinero del IESS, que es el principal patrimonio de los afiliados.
LA ENTREVISTADA
Nívea Vélez Palacio: Viceprefecta de Loja.
Mujer del Año 2015 designada por el Comité Ecuatoriano de Cooperación con la Comisión Interamericana de Mujeres (Cecim).
Exasambleísta por su provincia y parte del Movimiento Municipalistas Independientes. Fue presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social de la Asamblea Nacional. 
Licenciada en Ciencias de la Educación, catedrática.

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Nívea Vélez: ‘En el IESS, donde poníamos el dedo salía pus’ (2)

Eliminación del 40% y ampliación de la cobertura, los peores golpes que un Gobierno ha dado al IESS
El 20 de abril de 2015 entró en vigencia la Ley de Justicia Laboral. En lo que a seguridad social respecta, la norma permite que cerca de un millón y medio de amas de casa se afilien. Al mismo tiempo elimina la obligación del Estado, contraída hace 70 años, de aportar el 40% del valor de las pensiones jubilares, que equivale a $1 100 millones por año.  Para ello, el movimiento gobiernista Alianza País (AP) reformó el artículo 237 de la Ley de Seguridad Social y, en lugar de fijar un valor o porcentaje, dispuso que el Estado solo invierta en los jubilados cuando haga falta. No estableció cómo ni con qué recursos.
Imagen: Paulina Guerrero, exrepresentante de los trabajadores del IESS, fue estituida. Ella tenía una visión crítica del manejo del Ginerno en la seguridad social.
El argumento que esgrime el Gobierno de Rafael Correa para justificar esta reforma es que el IESS tiene superávit. Según expertos en seguridad social,  ese superávit proviene principalmente del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, que incluye las pensiones jubilares.
Los efectos de las reformas empezaron a sentirse a fines de 2014 cuando  se registró un déficit superior a 500 millones de dólares en el fondo de salud. Otra reforma a la Ley de Seguridad Social aprobada en 2010 ya mermó la sostenibilidad de los fondos del IESS al incluir a cónyuges e hijos menores de edad de los afiliados como beneficiarios de la atención médica gratuita en hospitales públicos y privados con convenios con el IESS. Aquello desbordó la demanda de servicios pues se estima que los afiliados tienen cuatro millones de hijos. Atenderlos supuso un gasto de 65 millones de dólares en 2014, sin que el IESS reciba nada de ellos.
Esta política clientelar es la que, en opinión de Nívea Vélez y Paulina Guerrero, tiene al Instituto al borde de la quiebra pues resulta insostenible dar cobertura cerca de nueve millones de beneficiarios, de los cuales la mitad aporta. Por ello, el dinero que sobra en pensiones jubilares falta en otros fondos como el de salud.

Por ello, ambas enfatizan en la necesidad de que el Consejo Directivo cumpla su compromiso de hacer un análisis actuarial técnico. Solo de esa manera se  podrá hacer una proyección económica confiable que mida la sustentabilidad de la seguridad social tras la eliminación del aporte estatal del 40%.
De varios estudios efectuados hasta el momento, uno estima que el IESS será sustentable 12 años, otro 23 años y un tercero advierte que, para 2050, habrá un déficit de 70 000 millones de dólares.
Entre las tantas personas que han advertido el impacto de la eliminación del 40% está la ex intendenta de Seguridad Social, Carmen Corral. Para ella, la Ley quebrará el fondo de pensiones y, cuando eso ocurra, al Gobierno no le quedará más opción que  elevar los aportes de los afiliados, subir la edad para jubilarse y aumentar la base de cálculo de la pensión.
El panorama es sombrío. En 2011 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) efectuó un estudio según el cual el déficit del IESS se evidenciaría en el año 2030. Pero ojo que esa estimación fue antes de que el correismo eliminara el 40%, lo que implica que la crisis se agudiza de forma inmediata, como está ocurriendo en la actualidad. Según el organismo, la deuda del Estado con el IESS bordearía los dos mil millones de dólares  en 2030 y 10 000 millones en 2050. Este cálculo incluye el impacto del crecimiento demográfico en las finanzas del Instituto, debido a las variaciones que, en los últimos 25 años, han registrado las tasas de fecundidad y de esperanza de vida.
Este análisis se basa en cifras de la Cepal según las cuales en 1990 cada ecuatoriana tenía en promedio 3,67 hijos y, en 2010 2,48. La esperanza de vida, en tanto,  aumentó de 69 a 75 años. Si esta tendencia se mantiene quiere decir que los aportantes van disminuyendo y los jubilados aumentando.
Esto afecta la sostenibilidad del financiamiento de las pensiones jubilares pues sin el 40% de aporte estatal, la principal fuente de financiamiento del Fondo de Pensiones son los aportes de los nuevos afiliados, pero cada día son menos.

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Con el nuevo comandante de Policía cae la ‘Hermandad del Sol’


Imagen: El ministro del Interior, José Serrano, junto con el destituido comandante de la Policía, general Fausto Tamayo.
En 2015 se vivió uno de los capítulos más inusitados de inteligencia y contrainteligencia en el Ecuador. La Policía Nacional fue la institución en disputa entre los servicios de inteligencia norteamericanos y ecuatorianos con asesoramiento de cubanos y venezolanos. Al final, el Gobierno de Rafael Correa ha tomado el control de la inteligencia en la Policía y no dudó en utilizar a dos generales para que hicieran una purga interna y, luego, cuando ya todo estuviera consumado relegarlos y poner a un hombre de total confianza en la comandancia general de la Policía.
Así se enterró a los oficiales que formaron la Unidad de Investigaciones Especiales (UIES) de la Policía que tuvo total independencia y solo respondía ante el comandante general de la Policía y este, a su vez, al presidente. Fue un proceso que arrancó en junio de 2009, cuando el Gobierno de Rafael Correa creó la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) y buscó tomar el control de los servicios de inteligencia de la fuerza pública. Era una cuestión de soberanía, aseguró el Gobierno, para evitar la injerencia de terceros países. Contradictorio o no, el Régimen tuvo la ayuda de un aparato de inteligencia externo para lograr su cometido: tener el control total de la Policía.

***

El 3 de julio de 2015 el ministro del Interior, José Serrano, anunció en su cuenta de Twitter la salida del entonces Comandante General (CG) de la Policía, Fausto Tamayo, por actos de corrupción. “Iniciamos investigación administrativa por actos de corrupción en pases de Policía. Por lo que el comandante general Fausto Tamayo ha presentado su baja", escribió Serrano y advirtió que la terna de selección para el nuevo CG ya se había presentado al presidente “mientras tanto ejercerá el cargo el General Patricio Pazmiño”.
Imagen: El mensaje de Twitter del ministro Serrano.
Serrano dijo que, según investigaciones en los pases de policías, se habrían cobrado entre USD 1 500 y 5 000 y se habrían registrado más de 1 500 pases.
Se trató de un negocio que tenía como piso de corrupción $2’250.000 y que su protagonista era el oficial del más alto nivel de la institución. Sin embargo, el Gobierno nunca se ensañó con Tamayo, de hecho lo protegió y permitió su salida en total silencio.
Una historia diametralmente distinta a la que enfrentó la asambleísta esmeraldeña de PAIS, Esperanza Galván, expuesta por todos los medios posibles y ya sentenciada por haber extorsionado a una empresa constructora a nombre del vicepresidente Jorge Glas y que recibió $800.000.
La salida de Tamayo abrió el camino para que dos generales, hombres duros de la  ex Unidad de Investigaciones Especiales (UIES), Patricio Pazmiño y Juan Carlos Barragán, sean considerados en la terna de selección para nuevo Comandante General.
Los dos contaban con las más altas credenciales de combate al crimen organizado. Su formación les capacitaba dirigir la institución y además fortalecer el sistema de inteligencia policial. Pero eran cercanos al sistema de inteligencia de los Estados Unidos y ese era su pecado.
Barragán se desempeñó como Jefe Nacional Aantinarcóticos, Pazmiño como Jefe de Operaciones; desde esos cargos hicieron importantes incautaciones de droga ¿Con qué información? Con la que les daban sus aliados de los Estados Unidos.

***

Nunca fue un secreto que el Gobierno buscó eliminar a todo oficial de mayor o menor rango que hubiese sido parte de la UIES. En 2008, luego del bombardeo y destrucción del campamento de Raúl Reyes en Angostura, el Gobierno constituyó una comisión especial que investigó la supuesta infiltración de agencias internacionales en la inteligencia ecuatoriana. Un año después esa comisión emitió un informe que aseguró que existía “carencia de mecanismos que garanticen la subordinación de los sistemas de inteligencia en el ámbito político”.
Desde entonces el Gobierno trabajó en silencio para librarse de ellos y ahora podía hacerlo con Pazmiño y Barragán. Pero antes debían aprovechar su situación.
En el juego de la inteligencia se sabe que los resultados son posibles si se cuenta con la irrestricta ayuda de un sistema más grande. Es decir, la colaboración con entidades de otras naciones que permitan intercambiar información y operar con eficiencia. Y si antes fue Estados Unidos, hoy lo son cubanos y venezolanos.
Desde hace mucho que el Gobierno de Correa incorporó a su retórica y sus acciones la  asesoría de expertos de inteligencia de esos países. No se trata de supuestos: tácticas cubanas ya se usaron contra los opositores que protestaron en las calles de Quito. El 13 de agosto, cuando fue detenido el prefecto de Zamora Chinchipe, Salvador Quishpe, en la Plaza de Santo Domingo en Quito, un grupo de civiles lo agarró a golpes por la espalda; fue jalado a rastras hasta el cordón policíal, golpeado y detenido.
En las protestas contra la aprobación de las reformas a la Constitución el pasado 3 de diciembre, se  documentó en vídeo cómo civiles atraparon  a un manifestante y golpes arrastrado hasta los policías.
Video: Así operan los infiltrados para apresar y amedrentar a quienes protestan en las calles. El estilo cubano desarrollado en Venezuela y ahora utilizado en Ecuador.
Serrano alargó el proceso de selección de la terna y en un hecho sin precedentes en la historia de la Policía, encargó temporalmente, por 63 días, la comandancia a Patricio Pazmiño.
En ese período el ministro les aseguró a los dos generales que la Comandancia General sería ocupada un año por cada uno. Les dijo, además, que se despreocuparan del general Mejía, tercero de la terna, ya sería relegado.
El acuerdo tuvo una condición: debían realizar una purga de los oficiales que no tenían la confianza de la revolución ciudadana. En otras palabras: pidieron hacer el trabajo sucio del Gobierno.
Imagen: Francisco Latorre, en una visita al presidio con de los hermanos Ostaiza Amay, acusados de narcotráfico. En la foto, Latorrea habla con Edison Ostaiza.
Los dos oficiales estaban convencidos que sus hojas de vida y el acuerdo con Serrano eran suficientes. Contaban además con un plus: supuestamente los Estados Unidos presionaron al régimen para retomar la política de lucha contra el narcotráfico y borrar las marcas de los hermanos Francisco y Mario Latorre. El primero, el hombre que salvó al presidente en el Regimiento Quito el 30 de Septiembre de 2010, el único hombre que caminó junto al mandatario en medio de gases lacrimógenos, mantuvo supuestos vínculos con los hermanos Ostaiza Amay, capturados en el operativo Huracán. El segundo, Mario, asesor directo del presidente, implicado en el Caso Resurgir que capturó una tonelada de cocaína en Esmeraldas, en una propiedad que supuestamente le pertenecía.
Desde sus rangos buscaron eliminar a otros oficiales, tal como les pidió Serrano, pero éste incumplió y fueron separados de la Policía. Sus acciones solo lograron fortalecer al ministro Serrano, que por primera vez, tiene el control de la inteligencia de la Policía, sin las injerencias extranjeras del pasado y a su vez colabora estrechamente con las políticas antinarcóticos de los Estados Unidos.

***


A sí se dio fin a la llamada 'Hermandad del Sol', una agrupación de altos oficiales que pertenecieron a la UIES, que décadas atrás se propuso cooptar por siempre la Comandancia General de Policía…


El 8 de septiembre de 2015, el presidente, Rafael Correa, emitió el decreto ejecutivo que nombró Comandante General a Diego Mejía Valencia, un general que se desempeñó como Director General de Inteligencia y que al momento de su selección era Subsecretario de Policía y hombre por demás cercano al ministro José Serrano.
Así le dio fin a la llamada 'Hermandad del Sol', una agrupación de altos oficiales que pertenecieron a la UIES, que décadas atrás se propuso cooptar, por siempre, la Comandancia General de Policía.
Hoy en día Serrano controla el trabajo de inteligencia y las acciones que algún día realizó la UIES, cuenta con aproximadamente 800 hombres, pero su presencia no es el eje vertebrador de todo el sistema y está lejos de ser el funcionario que consolide todo el cuerpo de inteligencia.
En la Secretaria Nacional de Inteligencia (Senain) tampoco se ha logrado consolidar la presencia de un funcionario que controle todo el sistema, en 2009 cuando el Gobierno bosquejó un plan para que toda la inteligencia forme parte de una misma estructura, siempre subordinada al poder civil, el  ministro de seguridad interna y externa de ese entonces, Miguel Carvajal, planteaba la necesidad de contar con una política pública de procesamiento de información que defina roles claros sobre el qué hacer y que estén en pleno conocimiento las autoridades políticas”.
Si el gran paso fue desarticular la antigua inteligencia para crear la Senain , está se articuló con sus anteriores miembros y por tanto con los mismo vicios. La Senain arrancó de la mano de Francisco Jijón, amigo de Carvajal, un civil sin capacidad de manejar los subsistemas de la inteligencia del Ejército, Marina, Fuerza Aérea y Policía.
Tampoco contaba con la tecnología necesaria para luchar contra el crimen organizado y espiar a los opositores. Hasta entonces el proyecto Libertador, impulsado con apoyo de la embajada americana, era el único sistema que pretendía incorporar escuchas telefónicas, autorizadas desde la fiscalía. Pero fue dado de baja porque las autoridades civiles creían que no tendrían control sobre ese proyecto.
Con toda esa debilidad enfrentaron el 30 de septiembre de 2010. Entonces comprendieron que no podían gobernar sin contar con inteligencia, tomaron decisiones para no volver enfrentar condiciones vulnerables.

***

La real reestructuración de los estamentos de inteligencia ecuatorianos llegó con la mano firme del excomandante de la Armada Homero Arellano, hombre por demás cercano al entonces vicepresidente Lenin Moreno.
Arellano ya había intervenido con fuerza e influencia a inicios del Gobierno en 2007. Entonces el presidente Correa le brindó la confianza para que la Armada maneje Petroecuador y Flopec. Lo hizo por cuatro años a través de oficiales de confianza como Fernando Zurita y Luis Jaramillo.
Hombre de estrategias, conocía además muy bien cómo funcionaban los negocios de la elite social cristiana con en el Estado, ya que estuvo al frente Dirección General de Marina Mercante. De hecho su salida de la Armada fue por un enfrentamiento político causado por intereses económicos social cristianos.
Fuentes informativas que conocieron su trabajo en la Senain y conversaron con este portal en total reserva, recuerdan que al tomar posesión de la secretaria, Arellano que se movió mucho entre Colombia y Panamá. Dijeron además que Arellano consolidó el mando con César Navas, su hombre de confianza en el Ministerio de Seguridad  Interna y el Externa y Luis Yépez vicealmirante en servicio pasivo, en la dirección Nacional de Inteligencia
Arellano fue el hombre que aglutinó nuevamente el sistema de inteligencia y lo rearmó, pero no logró homogenizarlo ya que la inteligencia del Ejército aun actuaba de forma independiente. De hecho esa fue una de las conclusiones que emitió la comisión que investigó la infiltración de terceros países en la inteligencia luego del caso Angostura en 2009: una excesiva discrecionalidad de los órganos de inteligencia operativa de las fuerzas respecto al Comando Conjunto.
Arellano se caracterizó por constituir un sistema de espionaje a opositores del régimen y sentó las bases para la compra de equipos de alta tecnología para monitorear a miembros del Gobierno y de oposición.
Tampoco se alejó de la herencia del pasado que fue hacer negocios a través de la inteligencia.


En el ámbito operativo (Vallejo) tiene un perfil más cercano al exgeneral de Policía Edgar Vaca, que ahora es juzgado por asuntos relacionados a los derechos humanos…


El actual secretario de Inteligenvia, Rommy Vallejo, está lejos de ser el referente que estableció Homero Arellano. Vallejo posee el perfil de un hombre más operativo que analítico y estratégico. Cuando fue parte activa de la Policía estuvo lejos de ser un oficial superior y por tanto iniciar el curso de Estado Mayor. Al interior de la organización es sabido que solo aquellos que aprueban tal curso, están capacitados para tomar decisiones. Vallejo fue el oficial asignado por la Policía para brindar seguridad a Rafael Correa en la segunda vuelta de la campaña electoral de 2006. Así se forjó su amistad.
Quiénes saben de inteligencia dicen que su falta de experiencia se evidenció en las acciones que fomentó contra el opositor Fernando Balda, exiliado en Colombia, cuando envió a espiarlo usando agentes con sus nombres verdaderos. Todos fueron descubiertos y para defenderlos del escarnio público que provocaron Vallejo no encontró mejor solución que enviarlos a embajadas.
Imagen: el actual secretario de Inteligencia, Rommy Vallejo.
En una conversación con MilHojas.is, una fuente de alto perfil explica la posición de Rommy Vallejo dentro del aparataje de inteligencia del correísmo.
—No tiene la experiencia de la señora —alcanza a decir la fuente, con seguridad en sus palabras. Cuando la fuente menciona a "la señora", se refeiere a una mujer palestina conocida como  Suat, que manejó los cuerpos de inteligencia entre 1995 y 2007… y no se titubea al proseguir— pero en el ámbito operativo (Vallejo) tiene un perfil más cercano al exgeneral de Policía Edgar Vaca, que ahora es juzgado por asuntos relacionados a los derechos humanos, que gustaba dedicar la inteligencia a espiar opositores más que combatir la delincuencia.
Las palabras de esta alta fuente suenan ciertas a la luz de los hechos. Vallejo no fue escuchado en los momentos clave del régimen y tampoco pudo evitarlos. El primer ejemplo es el bombardeo de Angostura. En la Comisión de Fiscalización de la Asamblea quedó registrado que Juan Carlos Barragán, que en ese entonces ostentaba el rango de coronel, en calidad  de Agregado Policial de Ecuador en Colombia, fue quien informó en diciembre de 2007 al entonces comandante de Policía, Bolívar Cisneros, las 108 coordenadas de posibles campamentos de las FARC  en Ecuador.
Esa información fue conocida por Rommy Vallejo y, por tanto, por el presidente Correa. El hecho real es que Vallejo no tuvo capacidad de persuadir al mandatario para actuar con esa información.
Luego, llegó el 30 de septiembre de 2010, hechos que se dieron porque no había inteligencia de Policía que les explique cómo enfrentar ese acontecimiento. Es más, ese 30 de septiembre de 2010, cuando Correa caminaba rengueante entre el Regimiento Quito y el Hospital de la Policía cubriendose con una máscara antigases lacrimógenos, los directivos y agentes de inteligencia del país estaban en un curso de actualización en Flacso, tal como lo denunció a su debido tiempo el desaparecido Diario Hoy.
Al  frente de la Senain, Vallejo ha sido respaldado y potenciado por el grupo de venezolanos y cubanos: mientras ellos delinean estrategias, análisis e interpretación de inteligencia, Vallejo explota su capacidad operativa que se resume en acoso y persecusión a quienes se muestran reacios a seguir al Régimen.
La historia reciente de la inteligencia del Ecuador estuvo dirigida a dos campos: espiar empresarios, políticos, opositores, activistas sociales, periodistas, académicos y recolectar información de los negocios que impulsaba el Estado en temas estratégicos y de gran escala.
La información es un bien poderoso y el resultado era obvio: hacer inteligencia significa entonces intervenir en los negocios del Estado como seguridad, telecomunicaciones, armas, energía. Por eso era tan importante ese muñequeo por la Comandancia de la Policía entre los servicios nortemericanos y los cubano-venezolanos, como en los viejos tiempos de la Guerra Fría, en vez de deicarlos a, por ejemplo, a combartir el crimen organizado.

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En el Ecuador de Correa el 45% de los gastos de salud lo asumen las familias

Imagen: La Salud sufre un proceso de privatización según un estudio de Pablo Iturralde (Foto: cortesía Pablo Iturralde).
Hay una constante en el discurso del actual Gobierno, decir que los servicios públicos son gratuitos y que eso ha mejorado el nivel de vida de los ecuatorianos. Sin embargo, hay cifras que muestran que eso se queda en una mera especulación populista. Según un estudio publicado en noviembre pasado, se explica cómo el 45% de los gastos de salud los asumen las familias mientras que el Gobierno asume el 29% y la Seguridad Social el 23%.
Estas cifras surgen de un estudio denominado “Privatización de la Salud en el Ecuador”⇒, realizado por el investigador Pablo Iturralde, en el que se muestra claramente cómo “la salud perdió atención frente a la construcción de carreteras, hidroeléctricas, educación y desarrollo urbano. Por lo tanto, aunque el crecimiento absoluto en salud es notable creció menos que otros sectores que tenían mayor peso sobre el presupuesto”.
En su estudio, Iturralde pone en perspectiva el problema que significa que las familias sigan realizando la mayor cantidad de egresos en términos de salud. Según cifras regionales, el Ecuador ocupa el tercer lugar en términos de "gasto de bolsillo" para pagar los servicios de salud. El primer lugar lo ocupa Venezuela (66 %) y la segunda casilla es para Paraguay (57 %).
Imagen: Ecuador es tercero en Sudamérica en gasto de bolsillo de los hogares en cuestión de salud (cuadro tomado del estudio de Pablo Iturralde).
El discurso político del Gobierno en materia de salud apunta a explicar que  ha aumentado el gasto en este servicio y se ha universalizado la atención. Sin embargo, en el estudio de Iturralde se explica cómo esto es una falacia: el IESS, que es una institución no gubernamental, un ente que se financia de los aportes de sus afiliados, es el organismo que ha sustentado esta inversión.
"Aquí —dice el estudio de Iturralde— es necesario puntualizar un matiz sobre el rol del gasto de las familias: aunque fueron las que más gastaron, la tendencia en el último período de gobierno indica que sus egresos crecen menos rápido que los realizados por el MSP y muchísimo menos que los de la seguridad social gracias al enorme crecimiento del gasto efectuado por el IESS, principalmente a través de la proliferación de contratos de prestación de servicios con clínicas y hospitales privados".
Hasta hoy no se ha alcanzado la meta de crecimiento propuesta por el mismo régimen en 2008, ya que en la Transitoria 22 de la Constitución se estableció que el Presupuesto General del Estado destinado al financiamiento del sistema nacional de salud se incrementaría cada año en un porcentaje no inferior al 0,5% del Producto Interno Bruto hasta alcanzar al menos el 4%. Sin embargo, hasta el 2013 se alcanzó solamente el 2,1% a pesar de la bonanza petrolera. Con la actual reducción de presupuesto, por las caídas de los precios del petróleo, no está totalmente claro cómo será 2016 en materia de Salud.
De la experiencia de otros países de la región en los cuales se han implementado políticas de salud universales, se ha requerido un presupuesto no menor del 6% del PIB, de ahí que se entienda que 2016 tendrá un pronóstico reservado en materia de salud.


El análisis señala que el mercado de clínicas y hospitales ha mostrado un crecimiento extraordinario en la presidencia de Rafael Correa


Otro dato interesante de la investigación, es cómo el modelo de alianzas público–privadas, incorporado por el régimen (debido a la incapacidad del Estado para proveer por sí solo la cobertura necesaria por falta de equipos y especialistas), facilita la acumulación de capitales en manos de transnacionales y monopolios  ecuatorianos por medio de las compras estatales, la obra pública y la compra de servicios a los proveedores privados de salud.
El análisis señala que el mercado de clínicas y hospitales privados han mostrado un crecimiento extraordinario durante el la presidencia de Rafael Correa. Según datos de la Superintendencia de Compañías, los ingresos del sector ascendieron de 500 millones de dólares en 2008 a 1007 millones en 2012. Estas cifras se traducen en un crecimiento del 83% en 4 años para clínicas privadas, mientras que las utilidades reportaron un incremento del 49%.
Cabe señalar que el sector público concentra el 80% de los establecimientos de atención a la salud, sin embargo el INEC en su informe “Ecuador en cifras” señala que solo el 40% de la población acude a hospitales públicos. 
Un ejemplo de esta distribución de capital es el IESS, quien a pesar del incremento en su gasto no creció y al contrario perdió 9 establecimientos, mientras que al mismo tiempo se incrementaban al 1000% los contratos con  prestadores privados externos de salud y a los que actualmente se les debe 400 millones de dólares.

Fuerza laboral en el sector salud
En un estudio realizado a varios médicos ecuatorianos realizado por la Internacional de Servicios Públicos (ISP)⇒, titulado "Situación del derecho al trabajo de los trabajaodres y profesionales de la Salud y privatización de los servicios de salud" se detalla que “la tasa de profesionales de la salud (médicos, enfermeras y obstetrices) por habitante en el país fue de 28,06 médicos por cada diez mil habitantes en el año 2013, la cual supera el índice de 25 establecido como meta por la OPS en 2011”.
Sin embargo, analizando las tasas de profesionales en el sector público estas alcanzan 17,38 médicos por cada 10.000 habitantes, es decir la inversión en fuerza de trabajo calificada para el sector es insuficiente para alcanzar coberturas de atención primaria de salud.
A través de una encuesta sobre precarización laboral realizada por la ISP-Ecuador a trabajadores del sector salud de tres provincias, se calcularon parámetros de satisfacción de seis dimensiones de evaluación de trabajo digno: estabilidad, derechos sociales, prácticas laborales, protección social, remuneración y libertad sindical.
Estos indicadores buscaban medir la percepción del trabajador de salud respecto a su trabajo, siendo 0 puntos mala a 6 puntos excelente. Una vez tabulados los resultados se pudo observar que “todas las dimensiones presentaron valores de medianas menores a 4 puntos de un total de 6, por lo tanto se encontró precariedad laboral”.
Analizando los puntajes en cada uno de los encuestados se encontró que cerca de la mitad (46,8%) presentan un nivel percibido de precariedad moderada y el 38% que se ubica en un nivel de precariedad baja. Solo el 1% se encuentra en un nivel de trabajo digno moderado (satisfactorio).


Un 48% de los encuestados manifestaron tener que cumplir diversos tipos de cuota de trabajo lo que se convierte en incremento de consultas, recetas, cirugías y otros procedimientos mediante la extensión de la jornada laboral


Además, un 65% de los encuestados reportan tener la percepción de que pueden perder su empleo en los próximos 5 años.
En otra encuesta realizada por la misma organización acerca de la  intensidad del trabajo en los profesionales de la salud, se puede observar que  los porcentajes sumados entre Muy Intenso e Intenso, en cuanto al ritmo de trabajo, suman el 72,13%. “Se debe tomar en cuenta que un 48% de los encuestados manifestaron tener que cumplir diversos tipos de cuota de trabajo lo que se convierte en incremento de consultas, recetas, cirugías y otros procedimientos mediante la extensión de la jornada laboral”, destaca el documento.
Existe un pequeño porcentaje de profesionales de “llamado eventual” que probablemente no tiene relación de dependencia y se les paga por servicios profesionales.

Exceso de pacientes
Hace dos años, el Ministerio de Salud publicó una norma para definir tiempos específicos por tipo de paciente, en ella se detallaba que una consulta debía ser de mínimo 15 minutos y ponía un horario de trabajo de 8 horas diarias para los profesionales de la salud.
Imagen: En el país, un médico del área pública puede atender hasta a 32 pacientes diarios (foto tomada del estudio de Pablo Iturralde).
Varios médicos entrevistados por MilHojas.is señalan que esta norma no se cumple en lo absoluto y sostienen que un profesional de la Salud puede llegar a atender hasta 32 pacientes al día y en algunos casos trabajar hasta 9 horas diarias sin pago de horas extras.
Un estudio publicado por la ISP-Ecuador⇒ sostiene que el MSP reporta como uno de los mayores avances de la Revolución Ciudadana el incremento de consultas de 26 millones a 35 millones por año.
Sin embargo, para alcanzar esta cifra el modelo de salud preventivo que el MSP impulsó desde 2008 tuvo que convertirse en un modelo curativo lo que determinó un incremento del gasto en medicinas, equipamiento y dio el paso a contratos con empresas privadas.
“Para poder definir que se avanzó en el cambio del modelo curativo al de atención integral en salud debería alcanzarse una relación mínima de 2 a 1 a favor de las consultas preventivas, pero como señalan las estadísticas disminuyó 0,6 en el año 2006 a 0,3 en el año 2013”, destaca el documento y finaliza explicando que es evidente que la industria farmacéutica ha generado una gran acumulación de capital a expensa de la política de salud que privilegió el incremento de las consultas curativas. 

La deuda de las becas médicas
Según información obtenida por MilHojas.is el Ministerio de Salud ha entregado desde el 2012 hasta la fecha un total de  2.839 becas en 36 especialidades médicas. Este año se plantea otorgar 900 becas con una inversión de 30 millones de dólares.
Imagen: Las becas son fundamentales para promocionar médicos especialistas (cuadro tomado del estudio de Pablo Iturralde).
Sin embargo, esta información contrasta con la publicada en 2012 por el mismo Ministerio. En este documento⇒ se indica que por medio de un convenio suscrito entre la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) y el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas (IECE) se otorgarían 10.000 becas para profesionales de la salud a través del Plan de formación, capacitación y certificación del talento humano en salud para el periodo 2013 – 2017.
Evidentemente esta proyección no llega ni a la mitad propuesta por el gobierno. Según sus planteamientos solamente en 2013 estaba prevista la entrega de 3.200 becas y en el período comprendido entre 2014 y 2017 se planificaba otorgar 6.128 becas más a los profesionales de la salud, sumando un total 10.000.
Además, según las cifras del propio Ministerio se tenía previsto invertir en 2016 un total de 73'572.143,00 millones de dólares, cifra significativamente superior a la planteada para este ejercicio fiscal, pues se tiene previsto invertir 30 millones, lo cual no cubre ni la mitad de lo incialmente planificado.

MilHojas.is

La niña a quien la Policía montada agredió en el 3D y la Fiscalía ignoró

Imagen: La Policía montada jugó un papel importante para atemorizar a los manifestantes del 3D.
Jugar en el parque El Ejido, en el centro de Quito, era una de las actividades preferidas por D. y DD., de 11 y 9 años, respectivamente. Lo fue hasta el pasado 3 de diciembre (3D), uno de los peores días en la vida de su familia.
Su madre, Patricia Almeida Moreno, con indignación y dolor, recuerda lo que ocurrió en el marco de las recientes manifestaciones contra las reformas constitucionales impulsadas por el Gobierno de Rafael Correa Delgado, en el poder desde 2007.
Eran alrededor de las 17:15 cuando Patricia, sus dos hijas y dos nietos regresaban de la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador (ESPE), donde el equipo que dirige su esposo, Juan Carlos Paredes, ganó la final de un campeonato interfacultades.
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Pero la felicidad duró poco. De pronto –recuerda la madre– D. gritó: “¡Mami, mami, los caballos, los caballos! Entonces cogí a mis dos nietos y les mandé para arriba, pero no alcancé a cogerle a mi DD, cuando uno de los jinetes le mandó lejos y se cayó. Un señor fue a ayudarle porque no podía respirar. Los caballos vinieron por encima de todo el mundo. Mi hija estaba desesperada, veía a un lado y a otro, quería gritar y no podía. 
Los paramédicos de la Cruz Roja la examinaron. Vieron que tenía un golpe a nivel de las costillas y dijeron que había que llevarle de urgencia al Hospital del Seguro porque le faltaba el oxígeno”.En pocos minutos llegaron a la sala de Emergencias del hospital Carlos Andrade Marín, que pertenece al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Según relata Patricia a MilHojas.is, no quisieron recibir a la niña, pese a que uno de los miembros del equipo de la Cruz Roja coordinó para que DD. fuera internada y atendida de inmediato.


Yo les dije ¿por qué son malditos?, ¿por qué son abusivos?, ¿por qué se pegan con los niños?


Luego de hablar con los responsables de Emergencias, autorizaron que pase para tomarle los signos vitales y tramitar su admisión.
“Mi hija dice que el policía le golpeó con la bota y que se cayó para atrás. Todavía sigue adolorida.  Le juro que si no hacía eso le arrastraba el caballo y encima le caían los otros porque no fue uno, fueron algunos policías que venían como locos dando sablazos a todo el mundo. Yo les dije ¿por qué son malditos?, ¿por qué son abusivos?, ¿por qué se pegan con los niños?, pero el policía ni regresó a ver, lo único que le interesó es golpear a la gente”.
Si esto eriza los cabellos, este caso acarrea más ataques a la integridad física y psicológica de la pequeña  DD. Con lágrimas en los ojos, Patricia continúa el relato de aquel trágico 3D. Cuenta que, como ella no lleva consigo los documentos de sus hijos, fue a buscarlos en su casa, que queda cerca del Hospital del IESS.
Imagen: Los policías agazapados en sus caballos tomaron control efectivo del lugar, en el parque de El Arbolito, para no permitir el paso de los manifestantes a la Asamblea Nacional.
Cuando regresó se llevó otra sorpresa pues encontró a un policía que tomaba fotos de DD., sin su conocimiento ni  autorización. “Le dije que cómo así  está haciendo fotos y me respondió que son asuntos rutinarios, que siempre hacen eso cuando hay heridos en las manifestaciones. Me dijo que no me preocupe, que no va a pasar nada, que es agente del Ministerio del Interior, que le mandaron a pedirme disculpas y que no me va a pasar nada, que simplemente es de rutina. Yo le insistí que, sin mi autorización, no puede tomarle ni una sola foto a mi hija. Después resulta que a mí también me ha tomado fotos sin darme cuenta. Eso me dijo el guardia de emergencias”.
Más tarde, cuando un médico llegó a revisar a DD, lo primero que hizo fue preguntar con quién estaba Patricia: “con las bullas  o con el señor presidente”.  Ella respondió que ni con los unos ni con los otros sino con sus hijos y le increpó: “Así hubiese estado en las bullas, usted no tiene por qué averiguarme. El doctor me respondió que ‘por nuestro señor presidente la nena está siendo atendida como se debe’”.
Indignada Patricia señala que su esposo ha aportado al IESS más de 30 años y revela que al médico, de quien no recuerda el nombre, le dijo que, en vez de doctor, debió hacerse político.
Una señora que presenció este episodio le recomendó que denunciara  al médico, pero ella no lo hizo porque confiesa que sintió temor de que hiciera algo contra su hija.
Otro hombre, que dijo que trabajaba en el Ministerio del Interior fue más tarde al hospital para decirle a Patricia que no se preocupara por nada, que en el Seguro le iban a atender de primera y que les darán todo lo que necesiten. “Yo le dije que no vendo la vida de mi hija, que muchas gracias y me fui. Desde que pasó eso ni siquiera han preguntado cómo está mi hija”.

EL DIAGNÓSTICO MANIPULADO Y LA DEMANDA NEGADA POR LA FISCALÍA
Los miembros del equipo de emergencias de la Cruz Roja que atendieron a DD. en cuanto ocurrió el incidente con el policía a caballo informaron a su madre que la pequeña  sufrió politraumatismos por un golpe a nivel de las costillas. Por ello recomendaron trasladarla de inmediato al hospital del IESS. No obstante, los médicos que la auscultaron en el Andrade Marín y le realizaron una serie de radiografías le dijeron que no es mayor cosa, que solo es un  golpecito. Para el dolor,  le recetaron un frasco de Paracetamol y pare de contar.
Patricia tiene una explicación para este cambio. “Como llegó todo el mundo a hablar con los médicos, dijeron después que no tiene nada, que es solo un golpecito o que se cayó, como ocurre con todos los niños”. Según Patricia, personas que se identificaron como agentes del Ministerio del Interior fueron a tratar el caso y, aunque le ofrecieron ayuda y aseguraron que DD recibiría la mejor atención, ella piensa que solo fueron a presionar para que el informe médico librara de responsabilidad a la Policía.
Imagen: Los padres de la niña agredida por la Policía montada fueron a la Unidad de Flagrancias de la Fiscalía para denunciar el hecho. Allí les dijeron que nadie puede demandar a la institución por sus actuaciones durante manifestaciones.
Ante ello, al día siguiente (4 de diciembre) Patricia y Juan Carlos deciden demandar a la Policía. Primero acudieron a la  Unidad de Flagrancias de la Fiscalía. De ahí les mandaron a una oficina ubicada en la avenida Amazonas. En el primer piso de esta dependencia ocurrió algo más insólito todavía. Una funcionaria les dijo que la demanda no es válida porque no hay muertos y porque la niña no está rota la cabeza, las piernas, ni nada.
Juan Carlos asegura que no quiere demandar a la Policía para sacar dinero sino para sentar un precedente y para que se haga justicia con su hija.” Yo sé que para esto hay que tener dinero e influencias. Yo creo que oyeron Policía y se asustaron, pero uno como padre, como ser humano queda indignado”.
Patricia recuerda que el día que fueron a poner la denuncia le llamó por teléfono una señora que dijo ser asesora del Ministro del Interior (José Serrano). “Dijo que nos pedía muchas disculpas por lo que le había pasado a la niña y que nos van a apoyar en cualquier cosa”.
Juan Carlos levanta la vozy acota: “Yo veo en las noticias que las esposas de los policías heridos en las marchas van a presentar una demanda internacional y pregunto: ¿a la gente que no estuvo en las manifestaciones y fue herida quién nos ve, quién nos respalda? ¿Mi hija qué tiene que ver contra el Gobierno?… y fue agredida. ¿Dónde está el Estado? ¡Solo nos tiene a nosotros! Si yo tuviera dinero demandaría a la Policía y seguiría hasta las últimas consecuencias!”.
A Patricia Almeida también le indigna que nadie se haya preocupado de la agresión a su hija y que las visitas y llamadas que ha recibido de funcionarios del Gobierno hayan sido solo para proteger al policía responsable del repudiable hecho. “ Ni hablan de nuestro caso, eso es lo que indigna, que sean tan inhumanos, que solo ellos valen, solo ellos han sido golpeados. Hay derechos de los niños, pero no los respetan”.
Patricia y Juan Carlos esperan que esta historia contada por MilHojas.is sirva para que algún organismo que se ocupa de la defensa de los Derechos Humanos pueda asesorarlos gratuitamente para hacer efectiva la demanda contra la Policía en las cortes nacionales o internacionales.


¿Mi hija qué tiene que ver contra el Gobierno?… y fue agredida. ¿Dónde está el Estado? ¡Solo nos tiene a nosotros!


Ambos tienen 50 años y son cabeza de una humilde familia que se sustenta con el trabajo de Juan Carlos, que es entrenador particular y empleado de la Asociación de Fútbol Nacional Amateur (AFNA). Patricia es ama de casa y se dedica a cuidar de sus tres hijos y dos nietos.
A Patricio se le hace un nudo en la garganta por la impotencia que siente. “Mi hogar es sencillo, no busco dinero sino que llamen la atención a los policías que no cumplen su deber y que les sancionen para que sienten un precedente y para que en las próximas  marchas no salgan a atacar a la gente. Esos valores inculco a mis hijos. La gente que actúa mal debe ser sancionada”.

LA SALUD FÍSICA Y PSICOLÓGICA DE DD EMPEORA
Luego de la agresión del 3D, por decisión de sus padres, DD no fue a la escuela hasta el jueves pasado. Aparentemente estaba evolucionando bien, aunque se quejaba de un dolor en el pecho. “Mi hija era muy activa y alegre, ahora pasa solo en la casa”.
Sus padres, preocupados por esta situación, decidieron llevarla ayer al Estadio Olímpico Atahualpa, donde trabaja Juan Carlos regando la cancha y conduciendo el carrito de asistencia médica deportiva de emergencia.
Lo hicieron con el propósito de ver la reacción de la pequeña DD al volver a mirar a los policías montados, que suelen vigilar por el orden durante los partidos.
Video: Los padres de la menor herida dan su testimnio el día de las manifestaciones, el 3 de diciembre de 2015.
El resultado fue alarmante. Vía telefónica, la tarde de ayer Patricia Almeida dijo a MilHojas.is que DD volvió a sangrar por la nariz con frecuencia y que el dolor de pecho es más fuerte.
“No puede ver a los caballos. Apenas se acercó comenzaron los gritos y los chillidos. Los señores de la Cruz Roja le calmaron y nos dijeron que la niña está traumada y nos recomendaron llevarla a un psicólogo”.
Juan Carlos Paredes advierte que no se quedarán cruzados de brazos. “Estando o no en las manifestaciones esto no debía ocurrir, todos somos iguales, los policías también tienen familia, tienen hijos, no se dan cuenta de lo que están haciendo.  Cada vez que me acuerdo me da más indignación. Veo a los policías y le digo ignorantes, locos, a mi hija casi le matan, qué hacen, qué les enseñan, ustedes también tienen familia. Espero que esto no le ocurra a nadie más”.
Patricia señala que jugar en El Ejido pasó de ser un sueño a una pesadilla.  “D., mi hija mayor me dice: ‘Mami, mami, ahí fue lo que nos pasó con los caballos, yo le decía a mi ñaña que respire, que no nos haga esto’. Mi nieto dice: ‘Así le botó el caballo a mi ñaña y no podía respirar’. Mi DD solo ve, ve, se le van las lágrimas y dice que tiene pena de los policías porque no saben lo que hacen y que seguramente a ellos también les pegan en la Policía”.

PUNTO DE VISTA
'ME CUESTA CREER QUE UN FISCAL NO HAYA RECIBIDO LA DENUNCIA'
Daniela Salazar, jurista y catedrática de la Universidad San Francisco de Quito
"De ser cierto todo lo que denuncia los padres de la niña, hay varias violaciones de los derechos humanos  en este caso, pero lo que más me llama la atención y resulta difícil de creer es el hecho de que no hayan recibido la denuncia en la Fiscalía. Es su obligación recibir denuncias y lo hacen todos los días contra la Policía. Distinto es que no siempre las investigan con la debida diligencia y la suficiente imparcialidad. Peor si denuncian que en el hospital se produjeron posibles alteraciones a la evidencia, a la historia clínica, más aún si se trata de un hospital público. Y deja mucho qué desear lo que se pueda lograr con la investigación.
Imagen: Daniela Salazar, abogada especializada en Derechos Humanos.
Realmente cuesta creer que un fiscal no reciba la denuncia, eso es muy extraño. El solo hecho de que la Policía saque sus caballos y los use como lo hizo, más allá de que la víctima sea una niña y de que haya estado o no en la manifestación, evidencia el uso desproporcionado de la fuerza tomando en cuenta la escasa participación de manifestantes. Yo estuve ese día en las marchas y hubo muy pocos manifestantes frente a la cantidad de policías y al tipo de armamento, que incluye a los caballos.
Hay suficientes evidencias en videos que muestran como persiguieron a la gente que se manifestaba y que no representaba ningún tipo de riesgo para la Policía porque la gente no salió armada. Cuando hay un uso desproporcionado y progresivo de la fuerza siempre hay violación de los derechos de personas inocentes, hayan o no participado en las manifestaciones.
De oficio, la primera entidad que debe investigar el caso es la Fiscalía, no tiene que esperar que se presente una acusación particular, porque en primera instancia, según establece la Constitución, el Estado es el principal y mayor responsable de la defensa de los derechos humanos. En el ámbito particular, podrían ayudar a los padres INRED, la CEDHU y, en determinados casos, el Consultorio Jurídico Gratuito de la USFQ, si es que está dentro de lo que permite y regula la Defensoría Pública".

MilHojas.is

huhuhuhu

anuario escolar (hemos borrado los otros rostros)
donde aparece Correa con Roggiero, de MCSquared, igual que aparece en este video, la idea sería ver si hacemos una nota con eso.
https://www.youtube.com/watch?v=FWAeRWfJAco

En el vídeo, Roggiero es a quien abraza el Innombrable.